Los investigadores y demás profesionales dedicados a las ciencias agropecuarias, saben que el reto que se le plantea al gremio es producir más alimentos y fibras, con menos recursos de agua y suelo, y con riesgos cada vez mayores causados por el cambio climático, con destino a una población que crece aceleradamente.
Las estrategias para enfrentar este reto se están diseñando en los centros de investigación de los países que toman el tema en serio, con políticas públicas definidas para apoyar la investigación agropecuaria y con los fondos suficientes para lograr los resultados propuestos. Los recursos de la genética, investigaciones en fisiología de las plantas, agricultura de precisión derivada de la información satelital y del uso de los drones, la agrónica y robótica, entre otros muchos recursos que utilizan los centros de investigación y desarrollo, generan productos que sin duda contribuyen a la generación de una agricultura altamente sofisticada pero de alto costo, que solo puede ser adoptada por empresas que posean un gran músculo financiero, especialmente las multinacionales, dejando de lado a los medianos y pequeños productores que no pueden costear estas tecnologías.
En una estructura agraria como la de nuestro país, la situación anterior está ahondando la brecha tecnológica y en consecuencia la brecha económica y social entre los pequeños, medianos y grandes agricultores. En efecto, los beneficios de la aplicación de tecnologías de avanzada para la producción agropecuaria, por su alto costo solo está al alcance de las grandes empresas del sector, excluyendo a los medianos y pequeños productores rurales, que son mayoría en Colombia, pues como lo señala el censo nacional agropecuario de 2014, el 70,4% de las unidades de producción agropecuaria tienen menos de 5 hectáreas. Paradójicamente, es en estos minifundios donde se genera la seguridad alimentaria para nuestra población, pues la agricultura empresarial se enfoca en productos de exportación como azúcar, café, aceite de palma, flores y últimamente aguacate, los cuales no aportan la diversidad necesaria para alimentarnos.
La disyuntiva que siempre ha estado presente en la política agraria colombiana es si dejar las tierras agrícolas en manos de las organizaciones que puedan generar una agricultura empresarial, entendida como la aplicación de los conceptos técnicos y administrativos que incrementan la productividad agropecuaria mediante el uso de la tecnología de última generación, o privilegiar el trabajo de los medianos y pequeños propietarios que, en concepto de muchos dirigentes políticos y gremiales, generan producciones dispersas que no impactan en la economía del país. Hasta ahora el pulso lo gana la agricultura empresarial, que dispone de las mejores tierras y del recurso financiero suficiente para atender sus procesos de producción y exportación sin mayores inconvenientes, mientras el pequeño productor enfrenta dificultades para obtener crédito, entre otras razones, porque en la mayoría de las ocasiones, no tiene títulos de propiedad de su predio. De otra parte, su producción, que no es transable internacionalmente, enfrenta mercados inciertos, recibe poca o ninguna asistencia técnica, usa tecnología inapropiada u obsoleta y padece el alto costo de los insumos.
Ante este panorama, lo más indicado es fortalecer ambas economías rurales, pues mientras la comercial genera divisas importantes al país, la segunda asegura no solo la seguridad, sino la soberanía alimentaria, lo que debería ser asunto de seguridad nacional, pues un pueblo con hambre no tiene opciones de desarrollo. Recordemos que Colombia actualmente importa unos 12 millones de toneladas de alimentos (Periódico El Espectador, 2021). Ello no solo implica la salida de divisas del país, sino una gran dependencia alimentaria de otros países, lo que genera una situación de alto riesgo ante la gran inestabilidad geo política que se vive no solo en el continente, sino en el mundo entero. No está por demás decir que gran parte de los alimentos que importamos los podemos producir en nuestro suelo, si se mejoran las condiciones para los pequeños y medianos productores. Es cuestión de voluntad política.
JAIME LEYTON MARTÍNEZ
